El fin del sindicalismo “charro”

Una decisión clave en la vida del sindicalismo en México pasó casi completamente desapercibida, sin embargo, va a ser fundamental en la vida de los trabajadores de nuestro país.

El pasado 18 de agosto se llevó a cabo una votación inédita por parte del sindicato Miguel Trujillo López, quien perdió la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la planta automotriz de General Motors, al registrar 55 por ciento de votos en contra; proceso que es señal de la nueva realidad sindical.

Nadie debe de perder de vista que los trabajadores de la planta de la automotriz General Motors en Silao, Guanajuato, por primera vez votaron de manera personal, directa y secreta, como lo marca la reforma laboral del 2019 y el capítulo laboral del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y rechazaron, el contrato colectivo de trabajo que lideraba el Sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Este duro revés en contra de la CTM se debe de traducir como el principio del fin del sindicalismo “charro”, el cual siempre ha estado al servicio de las empresas y no de los trabajadores y marca un hito en el tema de la libertad de asociación, consagrada constitucionalmente, pero que muy pocas veces se hacía efectiva.

Cabe destacar que la jornada de votación duró 34 horas continuas y transcurrió con tranquilidad, 2 mil 623 trabajadores votaron por el «sí», frente a 3 mil 214 por el «no» y 39 votos nulos, “con lo cual el contrato colectivo de trabajo se dio por terminado”, reitero, un duro golpe en contra de la CTM y su sindicalismo “charro” y “agachón”.

Hay que resaltar que este proceso estuvo vigilado en todo momento por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), observadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); como parte de acuerdo de Remediación por la queja interpuesta por el gobierno de Estados Unidos en contra de México, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, enviados el pasado 11 de mayo y 21 de junio.

Lo anterior, por las irregularidades que se detectaron en el primer proceso de votación en abril de este año, en el que el Sindicato cetemista que encabeza Tereso Medina no garantizó la libertad de los trabajadores para emitir su voto y dar cumplimiento a la legitimación del contrato tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo, cuyo plazo vence en mayo de 2023.

A través de un comunicado, General Motors afirmó que “reitera que respeta el resultado de este proceso y que los beneficios y prestaciones de los trabajadores se mantendrán vigentes. Por lo tanto, GM Silao continuará sus operaciones bajo las condiciones del contrato colectivo actual mientras que uno nuevo es negociado y aprobado por mayoría de votos”.

Luego de este acontecimiento, diversos analistas como Germán de la Garza de Vecchi, socio de Servicios Laborales de Deloitte México, comentó que “esta votación es una muestra de lo que serán las relaciones colectivas de trabajo en el país, y reflejan una nueva realidad, en donde queda claro que los trabajadores son los que decidirán”. Lo que ahora sigue, explicó Óscar de la Vega, socio fundador de la firma D&M Abogados, es que una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notifique la disolución del contrato colectivo, los sindicatos interesados podrán emplazar a huelga para lograr por la titularidad del contrato.

El resultado en Silao es particularmente relevante para los sindicatos que forman parte de la CTM, pero enciende también las alarmas en otras empresas, ya que los trabajadores que se encuentren inconformes con la organización que los representa en las negociaciones con las empresas ahora pueden recurrir a autoridades estadounidenses o de Canadá para reportar abusos. También el miércoles 18 de este mes, y de manera independiente, la automotriz Volkswagen pactó con su sindicato en Puebla un incremento salarial de 5.5 por ciento y un aumento del 1 por ciento a sus aportaciones al fondo de ahorro para sus trabajadores.

El caso de Silao es el segundo de inconformidad por parte de la Administración del presidente Joe Biden, lo cual ha aumentado las tensiones entre ambos países en torno al T-MEC. La empresa Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas), se vio obligada a indemnizar a 154 trabajadores que fueron despedidos, así como a garantizar la libre asociación de los trabajadores, entre otras acciones, después de que Estados Unidos denunciara corrupción y abusos del sindicato. La Secretaría de Economía ha expresado, por su parte, inconformidad con la interpretación que Estados Unidos está haciendo de las reglas de origen negociadas en 2018.

Las reglas laborales en México simplemente han cambiado a partir de Silao y de los trabajadores de General Motors de México.

Como dice el viejo refrán: “Cuándo veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar”. El que lo entendió, lo entendió.