Nota publicada en El Economista, sección Empresas por María del Pilar Martínez.
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“Ahora los empresarios tendrán que cumplir una serie de acciones para eliminar malas prácticas”, afirmó Héctor de la Cruz, especialista laboral de la firma D&M Abogados.
El próximo martes 8 de diciembre, una vez que se reúnan los legisladores de las Comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público, darán a conocer si se amplía la discusión y análisis de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing propuesta por el Ejecutivo, o si se avanza en el dictamen, afirmó la diputada Anita Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena.
En tanto, especialistas apuntan que las mesas de diálogo “surtieron efectos y logró frenar su aprobación, a pocos días de que se presentara a discusión en la Cámara de Diputados; no obstante, ahora los empresarios tendrán que cumplir una serie de acciones para eliminar malas prácticas”, afirmó Héctor de la Cruz, especialista laboral de la firma D&M Abogados.
Al respecto, Germán de la Garza de Vecchi, de la firma Deloitte Legal-Mowat, dijo que el gobierno y los empresarios han informado que firmarán una carta de intención para eliminar cualquier forma de subcontratación abusiva, lo que incluye ir migrando al personal que se encuentre contratado a través de la figura de insourcing, a pesar de que la regulación en la materia aún no se dictamina en el Congreso.
De la Cruz dijo que las nueva acciones que tendrán que empezar a analizar las empresas en el país son: eliminar cualquier contacto en el cual se pacte el traspaso de personas para desempeñar un trabajo a favor de un tercero; no establecer condiciones de trabajo inferiores para quienes trabajan en el outsourcing; no inscribir trabajadores en el IMSS con un salario inferior al real.
También, no pagar una parte del salario en efectivo para evadir obligaciones; eliminar las empresas de papel (sin empleados) que sólo facturan servicios sin generar utilidades; eliminar la simulación de contratos laborales, disfrazándolos como contratos por honorarios, de sociedad, servicio profesional, o cualquier otro que no reconozca a la persona como trabajador; pagar el total de las cuotas al IMSS, Infonavit y SAR.
Asimismo, subcontratar sólo servicios especializados que no abarquen la totalidad de la empresa, y no tener empleados en dos o más empresas haciendo el mismo trabajo pero ganando menos que otros.
“Estas prácticas deben ser sujeto de análisis y por supuesto deberán contenerse en los compromisos que los empresarios firmarán para contrarrestar los efectos negativos del outsourcing, a la vez que se tendrán que implementar mecanismos que vigilen el cumplimiento de los mismos”, añadió Héctor de la Cueva.
Modificación en utilidades, complica negociación
Modificar el porcentaje que se otorga a los trabajadores como derecho a su participación de las utilidades es complejo, pues en septiembre de este año todos los sectores —patronal, trabajadores y gobierno— estuvieron de acuerdo con que se mantuviera el 10% por los próximos 10 años.
Así se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de este año “en dicha sesión se estableció y se aprobó por unanimidad, la resolución…( ) se estableció que el porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades de las empresas, debía mantenerse en el 10% aplicable sobre la renta gravable”, apunta.
En caso de pretender adelante una revisión, implicaría que la STPS publicara una nueva convocatoria, además de que los trabajadores podrían verse afectados, pues ya en 2020 se tendría que aplicar el 10% que se había aprobado “existe el problema de legalidad porque ya es un derecho adquirido por los trabajadores y se estaría revocando, lo cual resultaría violatorio de derechos humanos laborales”, comentó Pablo Franco, abogado laboral de la Unión Nacional de Juristas.
