Nota publicada el 6 de mayo en El Financiero, sección Economía por Zenyazen Flores.
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Empresas e incluso algunos sindicatos se encuentran en una etapa de evaluación para presentar amparos en contra de la reforma de outsourcing, al considerar que la nueva regulación impacta la operación de las organizaciones y, en el caso de los gremios, se afecta el monto recibido por concepto de Reparto de Utilidades.
“Es factible que vayan a existir empresas que presenten amparos contra esta reforma, hay compañías que se ven seriamente afectadas, sobre todo con la prohibición de subcontratación”, anticipó Luis Ruiz Gutiérrez, socio de Hogan Lovells.
Dijo que se estima que los amparos se presenten individualmente por empresas y refirió que el hecho de que la reforma haya sido por consenso entre sector privado, sindicatos y gobierno, no coarta el derecho de las empresas u organizaciones sindicales a impugnar la reforma.
Durante el webinar “Outsourcing en México: Lo que debes saber sobre la Reforma”, mencionó que otro motivo para presentar amparos es la forma en que quedó regulada la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), ya que hay sectores que resultarán perjudicados con la repartición de esa prestación.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como tope tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto más favorable al trabajador.
Ruiz Gutiérrez estimó que “esta forma de repartición de las utilidades va a generar controversias y confusiones y probablemente traiga impugnaciones de sindicatos o personal no sindicalizado que tendrá malestar porque estará esperando un monto de utilidades; a la hora de aplicar esos topes puede generar desagrado por las cantidades que se recibirán”.
Por separado, Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De La Vega & Martínez Rojas, coincidió en que hay empresas que están evaluando la posibilidad de irse al amparo debido a que solo se permitirá la contratación de servicios u obras especializados que no caigan en el objeto social principal u actividad comercial preponderante del contratante.
