Nota publicada el 22 de marzo en El Pulso Laboral, sección Mundo Laboral y RR.HH. por Arturo Rivero.
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La decisión de que el monto de la participación de utilidades tenga como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibido en los últimos tres, no viene a resolver el problema estructural que representa el alto porcentaje fijado para el reparto, advierte D&M De la Vega & Martínez Rojas, despacho de abogados laborales.
Asegura que la pequeña y mediana empresa no pueden pagar utilidades sobre la base de tres meses de salario a lo que les obliga el porcentaje del 10 por ciento, y que resulta, a su vez, anticompetitivo para las grandes empresas.
“Situación que ha generado en gran medida la subcontratación de personal, práctica que, al ser prohibida según el proyecto de reforma planteada por el Ejecutivo, agravará la ya severa crisis económica que esta atravesando el país, y con ello, el desempleo”, asegura la firma de abogados laborales.
Lo que se debería resolver, dice, es el problema de fondo, volviendo a convocar a la Comisión Nacional para que revise el porcentaje de la participación en los términos del artículo 123 Constitucional fracción IX en sus incisos b y c, y que establece:
“La Comisión practicará los estudios necesarios y aproiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo nacional del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.
“La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan estudios e investigaciones que los justifiquen”.
Además, dice la firma de abogados laboralistas, la Comisión Nacional deberá fijar el porcentaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Federal del Trabajo que señala:
“Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer condiciones generales de la economía nacional y se tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital y obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales”.
