México se convertirá en el país con los candados más estrictos en el mundo para que los funcionarios puedan pasar a ocupar una posición estratégica en el sector privado después de dejar su cargo público.
El Senado de la República aprobó cerrar por más tiempo la “puerta giratoria” a los funcionarios de la Administración Pública Federal. Esto significa que no podrán emplearse en la Iniciativa Privada y viceversa, por lo menos por un largo periodo.
El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana —aprobada este martes— establece que los servidores públicos de mando superior: secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales no podrán ocupar puestos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, salvo que transcurran 10 años.
En un principio, el dictamen de la ley consideraba cinco años y no detallaba a qué niveles jerárquicos aplicaría. Sin embargo, con unas reservas al artículo, éste se definió con precisión y se incrementó el lapso para emplearse en la Iniciativa Privada. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya se contemplaba un tiempo de “enfriamiento”, pero sólo se sugería a los funcionarios abstenerse por un año para poder usar “la puerta giratoria”.
La nueva legislación sólo impide a los funcionarios que se separan del cargo —por cualquier motivo— trabajar en una organización relacionada a su cargo en la Administración Pública Federal, pero no en alguna compañía desvinculada del área que hayan tenido a su cargo.
La expresión “puerta giratoria” hace referencia al hecho de que funcionarios públicos de alto rango pasen, tras dejar su cargo, inmediatamente a trabajar en una empresa privada relacionada con su área de experiencia, produciendo un conflicto de interés entre ambas esferas.
Arriba del promedio
Transparencia Internacional recomienda un periodo de dos años antes de dar el brinco de la administración pública a la Iniciativa Privada o viceversa. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio del “periodo de enfriamiento” en el servicio público entre los países de la agrupación es de tres años.
España, Japón, Reino Unido y los Países Bajos tienen tiempos de espera de dos años. En Estados Unidos y Canadá el periodo es de cinco años, en este último país existe un código estricto con 20 recomendaciones muy específicas para evitar conflictos de interés.
Para evitar conflictos de interés, la OCDE emite cinco recomendaciones:
1. Regular el ingreso, tránsito y egreso de los funcionarios públicos mediante leyes y códigos precisos.
2. Establecer periodos de enfriamiento previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, si se viene de o se va hacia el sector privado.
3. Promulgar códigos estrictos que regulen la conducta en el ejercicio de la función pública para minimizar los riesgos que generan las situaciones abstractas de conflicto de intereses.
4. Fortalecer los organismos de control y garantizar su autonomía.
5. Establecer sanciones ante incumplimientos detectados en el ejercicio de la función pública.
Frontera inconstitucional
Carlos Ferrán, director del Área Laboral de la firma Cuesta Campos, opina que es bueno implementar una nueva política para evitar el conflicto de interés en la función pública. Sin embargo, las nuevas medidas aprobadas por los legisladores rayan en la vulnerabilidad del derecho al trabajo.
“No podemos dejar de lado que independientemente de que sean funcionarios públicos son personas que trabajan como cualquier otra persona en el país”, reflexiona Ferrán.
El Artículo 5 de la Constitución indica que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la actividad que elija, mientras sea lícita. “Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, enfatiza la Carta Magna.
En esto coincide Óscar de la Vega, socio de D&M Abogados, quien advierte que los “candados” impuestos por los legisladores de Morena deben analizarse desde el punto de vista constitucional porque exceden los principios del Artículo 5.
“La Constitución establece una libertad de trabajo para que un individuo se dedique a cualquier profesión que sea lícita”, remarca de la Vega.
En un contexto de recortes de personal en las administraciones públicas, si los funcionarios no se emplean en la iniciativa privada, entonces en dónde podrán trabajar, cuestiona Carlos Ferrrán.
El especialista insiste en la importancia de combatir el conflicto de interés, pero no descarta que México esté cayendo en extremos que inhiben el derecho de los servidores públicos a contratarse como cualquier otro trabajador mexicano.
“Me parece bien que haya estos esfuerzos, pero tienen que ser proporcionales y razonables”, dice.
Para Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados, los 10 años de “enfriamiento” que plantea la nueva ley se convierten en una sanción.
“Cuando hablamos de 10 años nos referimos, sin duda, a un mecanismo de sanción y no hay nunca una posibilidad de que el funcionario público tenga acceso a un elemento fundamental que es ser escuchado. Aquí simple y sencillamente por ser funcionario ya tienes una pena anticipada”, expone.
Los especialistas coinciden en que las intenciones son buenas, pero la vía no es la adecuada, al menos no con el diseño que fue aprobado por los senadores.
Crisis de talento en puerta
La restricción de 10 años para que los funcionarios de alto nivel puedan emplearse en la iniciativa privada desanima al mejor talento del país a trabajar en el gobierno federal, coinciden Felipe Llaguno, socio director de la empresa de reclutamiento Alder Koten, y Nicolás Domínguez Vergara, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
No es tan fácil atraer a personas con las competencias necesarias para puestos relevantes en la administración pública, afirmó Llaguno. Con ese impedimento será difícil que el mejor talento quiera participar. En consecuencia, los ciudadanos se verán afectados, pues quien tome decisiones clave no siempre será el más capacitado, lamentó.
Por su parte, Domínguez Vergara, estima que “quizá el gobierno lo está haciendo como medida ejemplar, porque ha habido muchos abusos”. Puso como ejemplo a la exsecretaria de Energía del gabinete de Felipe Calderón, Georgina Kessel, quien “casi inmediatamente de dejar el cargo se fue a trabajar a compañías privadas del mismo sector”.
El investigador de la UAM, especialista en temas energéticos, explicó que el origen del conflicto es que muchos funcionarios públicos tienen información confidencial, que podrían compartir con las empresas. “Saben dónde invertir y dónde no, y cómo. Y se han aprovechado de ello sin ningún recato”.
Ambos consideraron “excesiva” la medida. Para Llaguno, bastaría con un candado de dos años; Domínguez Vergara considera que cinco años es un periodo prudente.
Nota de El Economista en la sección Empresa escrita por Gerardo Hernández y Blanca Juárez el 4 de julio de 2019
